Una guerra política e inmobiliaria

La guerra entre gobierno y oposición traspasa las barreras del parlamento y está en la calle, en los tribunales y hasta en el aire.

El caso que nos ocupa, está creando verdadera expectación entre los turistas europeos; y es que el secretario general de PPCV, Ricardo Costa, en su actividad privada dentro de un bufete de abogados, insta a turistas europeos, que vendieron alguna propiedad en España desde el 2004 al 2006, a que demanden al gobierno.

Según los juristas inmobiliarios que ejercen en tal bufete, el gobierno incurrió en una discriminación de los ciudadanos europeos, en su mayoría británicos, al cobrarles un 35% de impuesto sobre la plusvalía cuando a los españoles se les cobraba un 15%.

Y por supuesto, el hecho de que uno de los precursores de esta iniciativa, que es ofrecida en la página web del bufete, sea miembro activo del partido de la oposición ha hecho correr ríos de tinta.

El despacho de abogados en cuestión consiguió un resultado positivo en la primera causa, sentando precedente, y generando una difusión de tal proceso en el extranjero, con el fin de atraer a clientes para ellos, que puedan reclamar el porcentaje correspondiente al Estado, al haber realizado un acto de discriminación prohibida en los tratados de la Unión Europea.

Y claro, como los juristas, dieron por buena su reclamación, existe un movimiento que se está formando a favor de estos ciudadanos que vendieron sus propiedades en España, haciendo dicho sea de paso, mella en la imagen del gobierno, y por supuesto en sus arcas.

En una situación en la que las leyes inmobiliarias han sido puestas en entredicho, lo que más prima es que el asesor económico del bufete sea un cargo público, es decir, el morbo es lo que más llama la atención de los españoles. No hay mucha diferencia entre el telediario y un programa telebasura.

Protección del litoral Gallego

Todos los juristas inmobiliarios, así como los protectores del medio ambiente hablan del tema: La Xunta en funciones de Galicia ha propuesto renovar la Ley inmobiliaria que protege el litoral gallego de la urbanización de suelos, en un 80%

Una de las medidas que ha tomado la Conselleira en funciones antes de abandonar su puesto es ratificar la ley que protegía la costa gallega, con una serie de medidas que abarcarán hasta un 80% del terreno mencionado.

Tal y como ha comentado Maria José Caride, la Xunta en funciones redactará un borrador para dejar el camino abierto a sus sucesores, para que en su futuro gobierno no desprotejan las zonas que consideran, deben seguir siendo salvaguardadas de las garras del boom inmobiliario.

Son casi 44’8 millones de metros cuadrados, entre suelo urbanizable y urbano no consolidado, los que se ven afectados por estas medidas y que, la Conselleira en funciones espera que sigan siendo protegidos en un 80%, es decir 35’7 millones.

EL 17 de Mayo finaliza el periodo que comprende estas medidas, y desde la Xunta se espera prorrogarlo después de estos años, que han sido un gran acierto según los juristas inmobiliarios.

El objetivo principal es evitar que los promotores puedan elegir las zonas urbanizables y puedan edificar en zonas que deben seguir intactas de la mano del hombre y por supuesto, lejos del ladrillo y el cemento.

De conseguir llevar a buen puerto este borrador, la conselleira en funciones dejaría a los que vienen el trabajo bien hecho, y con la esperanza de que éstos sigan por el sendero que ellos le han dejado marcado.

Touriño, comentó que su sucesor, Feijoo podrá tomar las decisiones que considere oportunas, pero espera que siga con la política territorial de protección del litoral gallego, sobre todo en cuestiones ocupación y altura, que fueron temas ya abordados por la anterior Xunta.

Con todo esto se espera evitar un vacío legal que podría darse si no se renuevan las medidas hasta la aprobación de un nuevo Plan de Ordenación. Se pretende con las medidas de Caride que se siga respetando la franja de los 500 metros de costa que deben ser excluidos de contrucción urbanística.

El informe Auken

Todos los juristas inmobiliarios hablan de lo mismo en estos días: El temido Informe Auken. En resumen, este informe es una soberana reprimenda de la Comunidad Europea al ya conocido negocio de la especulación urbanística en España, con la amenaza de congelar y retirar fondos europeos si esta situación persiste.

Y es que los 32.000 millones de euros que destinan las fuentes europeas no son moco de pavo, y es posible que los perdamos si la Comisión Europea hace caso de todo lo que el informe Auken denuncia.

El informe está redactado por una diputada verde de Dinamarca, Margrete Auken, y está basado en 150 denuncias, las más significativas puesto que hay algunas más, sobre delitos urbanísticos en nuestro país, que tanto particulares, colectivos y juristas inmobiliarios vienen realizando en los últimos años.

En el informe se recuerdan una serie de medidas que no llegaron a buen puerto en 2005 y 2007, y se recomienda a la Comisión Europea que haga valer su autoridad retirando capitales destinados a España, en el caso de que sigan sin cumplirse en este ejercicio alegando que “la Comisión está facultada a interrumpir la provisión de fondos estructurales" y que “el Parlamento puede decidir colocar en reserva fondos destinados a políticas de cohesión si lo considera necesario para persuadir a un Estado miembro a que ponga fin a graves vulneraciones de la normativa y principios que está obligado a respetar” .

Y no se libra nadie, el informe hace alusión tanto a organismos de gobiernos, (central, regional y local) como a promotores, constructoras…etc, denunciando que han obtenido beneficios masivos haciendo grandes movimientos generados por la avaricia.

Y mientras, los representantes del PP y Psoe tras agotar sus desgastadas medidas de contener la aprobación del informe, se intercambiaban la patata caliente culpándose unos a otros de la situación de oscuridad e ilegalidad que rodea todo el mercado inmobiliario y urbanístico español.

El informe Auken no intenta acusar a partidos políticos concretos, sino a una situación que viene dándose desde hace ya muchos años en España transcendiendo legislaturas y gobiernos, es una crítica a la codicia y la mezquindad que traspasa la ley.

Las garantías que el informe solicita son claras, y deberían estar presentes en todo negocio público o privado: Revisión legislativa, transparencia e información.

Una hipoteca que ofrece calidad de vida

En una época compleja, con un mercado hipotecario que se tambalea, han surgido nuevos modelos y estrategias para acelerar la economía y para atender necesidades nuevas que han ido surgiendo en estos tiempos. Todos los juristas inmobiliarios deben coincidir en que uno de los productos que más éxito ha tenido en los últimos años dentro del sector inmobiliario es la Hipoteca inversa.

Debemos tener en cuenta que España es uno de los países con mayor porcentaje de población mayor de 65 años de la C.E., partiendo de este punto, y teniendo en cuenta el estado de la economía y el incremento de los precios, es comprensible el malestar en este sector de la población puesto que las pensiones no crecen al mismo ritmo que el mercado.

Los juristas inmobiliarios apuntan a que con esta coyuntura, surgen nuevos productos que están destinados a satisfacer las necesidades de estas poblaciones de mayores. Así nace la figura de la hipoteca inversa, un crédito con garantía hipotecaria que facilita a las personas mayores de 65 años una vía de escape a la crisis mediante un cobro mensual de una cantidad acordada o un pago único a cambio de la propiedad de sus viviendas.

Aún con todo esto, los beneficiarios de estos créditos, no perderían la propiedad real de sus casas, puesto que seguirían habitando en ellas, y la cancelación de este crédito se dará al fallecimiento del titular de acuerdo con la decisión de sus herederos. Hay dos opciones, cancelar la cuenta pendiente como si de una hipoteca se tratase, o llegar a la venta total del inmueble por lo que el banco abonará a los herederos el montante restante hasta llegar al valor estimado.

Se puede acoger a la hipoteca inversa cualquier ciudadano mayor de 65 años y con un límite de hasta 94 años, según la entidad bancaria que la ejecute, y pueden ser objeto de esta hipoteca cualquier vivienda ya sea habitual o segunda residencia, hipotecada, en propiedad o arrendada. Los juristas inmobiliarios aconsejan que sean casas libres de cargas puesto que está claro que cuanto mejor conservada y menos cargas tenga, mayor valor le dará el banco.

Un dato curioso es que los propietarios hombres de las viviendas suelen cobrar más que las mujeres, puesto que la esperanza de vida es mayor en ellas. Por supuesto la edad también es un factor determinante puesto que cuanto mayor sea el hipotecado, mayor será la cantidad mensual, siendo también la esperanza de vida la responsable de este dato.

La hipoteca inversa puede se acoge a la Ley de Reforma del Mercado Hipotecario desde 2007 y está sufriendo un crecimiento anual que rondó el 7% en 2008. Por supuesto tiene sus detractores, los herederos que ven disminuida su herencia, sin contar con la mejora de la calidad de vida de sus mayores, aunque bien sea cierto que como una hipoteca ordinaria, la cancelación supone unos intereses a pagar.

Reforma para impulsar el sector Inmobiliario

PSOE y PRC (Partido Regionalista Cántabro) han propuesto una reforma de la ley de suelo que afecta a las tierras agrícolas. La propuesta de ley que se ha elaborado para presentarla al Parlamento, analizándola como jurista inmobiliario, consiste en la reforma de la ley de suelo agrícola para que puedan edificarse viviendas unifamiliares en terrenos que se acogían a la protección ordinaria.

Los portavoces de ambos partidos tras un estudio realizado por la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio en Cantabria y la Federación de Municipios de Cantabria, presentarán el proyecto de ley al Gobierno para su posterior revisión.

En caso de que fuese corroborado, este proyecto afectaría a la ley de suelo que fue aprobada en 2001 y que acuerda que determinados terrenos deberán quedar exentos de urbanización debido a sus características morfológicas o geotécnicas.

Además, esta reforma está dirigida a la reconstrucción parcial, o la recuperación de inmuebles situados en dichos terrenos, pero siempre con fines turísticos, sociales o culturales
La reforma según palabras de los portavoces descarta la posibilidad de construir campos de golf, exclusivamente está dirigida a la construcción de viviendas unifamiliares y puede que gran parte de las 120.000 personas que habitan en tierras bajo esta protección ordinaria se vean beneficiadas. Así mismo están escrituradas alrededor de 40.000 viviendas que también pueden verse afectadas en el caso de que este proyecto de ley siga adelante.

En el caso de la construcción de viviendas unifamiliares sólo se permitirán construir bajo ciertas condiciones, como por ejemplo que no sobrepase los 8 metros de altura y los edificios a restaurar deberán estar recogidos en un catálogo que deberán confeccionar los ayuntamientos.

Los municipios que se acojan a esta reforma, además de elaborar dicho catálogo deberán presentar un Plan Especial de Suelo Rústico, y ambos documentos pasarán por la CROTU (Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo) que será el organismo asignado para la aprobación o no de tales planes municipales.

Esta reforma del suelo agrícola, no sólo beneficiará a los propietarios de terrenos agrícolas o bienes inmuebles para restaurar, sino que reactivará otros sectores estancados actualmente, como el de la construcción, dando además como ventaja, la creación de puestos de trabajo.